La Procuraduría General de la República (PGR) investiga las actividades de tres ex gobernadores de Tamaulipas: Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores -que administraron la entidad entre 1993 y 2010-, aunque no se informó si son indiciados por algún delito, como parte de diligencias que realiza la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Como parte de las pesquisas, el Ministerio Público de la Federación solicitó mediante oficios girados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que reporte a las autoridades ministeriales los viajes que realicen los ex mandatarios locales, algunos de sus familiares y ex colaboradores, hasta integrar una lista de más de 40 personas, aunque esto no impide el libre tránsito de quienes integran la relación, pueden abandonar el país. La madrugada de este martes, la PGR y SCT confirmaron sobre este caso que “en el curso de una averiguación previa, solicitó a la SCT información sobre registros de entrada y salida del país de distintos ciudadanos, pero no una alerta migratoria, orden o restricción de libertad de tránsito alguno”. Se detalló que la SCT, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, colabora constantemente con distintas autoridades involucradas en las actividades de aviación. “En este sentido, dicha dirección, giró una instrucción como alerta migratoria a todas las comandancias de los aeropuertos en el país para que se informara sobre la solicitud de información de la PGR”. El Comandante del Aeropuerto de Tampico, adscrito a la Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea, emitió un oficio dirigido al delegado del Instituto Nacional de Migración, en el que solicitó apoyo “para no autorizar la salida del país de los ciudadanos incluidos en el oficio de referencia”. La orden implicó que el servidor público “se extralimitó en sus funciones, por lo que la SCT ha procedido de manera inmediata a separarlo de su cargo y ha solicitado el inicio de una investigación sobre todos los servidores públicos que participaron en la atención de la solicitud de PGR para deslindar responsabilidades”. Presuntamente la petición se sustentó en un oficio firmado por el Agente del Ministerio Público Federal, David Juárez Mora, fechado el 13 de enero pasado, bajo la referencia CGA/595/2012. Hernández Flores reconoció la existencia de oficios de la PGR en los que se pide información sobre los vuelos que realiza, sin embargo negó que el documento indique que está impedido para salir del país. Durante una entrevista con Carlos Loret de Mola en “Radio Fórmula”, detalló: “Tengo entendido que aproximadamente somos 48 personas las que estamos involucradas en estas alertas migratorias. Tengo el oficio en mi mano donde solamente están solicitando información de los vuelos que hagamos hacia el interior del país o hacia el extranjero”. El ex gobernador refirió que en el momento en que lo solicite la PGR está dispuesto a declarar”. “En mi gobierno fui muy cuidadoso con el tema del crimen organizado, me cuidé muchísimo en ese tema, y en eso puedo decir que el que nada debe nada teme”. Yo jamás tuve comunicación, ni colaboré ni pedí absolutamente nada, no hubo ninguna relación con el crimen organizado”. El primero en responder fue el ex gobernador Cavazos Lerma. “Es sospechoso y sintomático que en pleno proceso electoral de nuestro partido aparezca éste tipo de información que tiene el aroma inocultable de la guerra sucia, puesto que dejan deslizar elementos de duda que pretenden empañar la imagen de varios priístas”, dijo. Por su parte, en su cuenta de twitter, el ex gobernador Tomás Yarrington indicó: “Me entero de que mi nombre aparece en una alerta migratoria. Espero que la autoridad aclare el motivo y los alcances de la misma”. Desde la mañana se difundieron informes periodísticos de que PGR había solicitado una alerta migratoria para impedir la salida de los ex gobernadores del país. La dependencia dejó que diversas cundieran a lo largo del día, y después de media noche ofreció una versión oficial. Según versiones extraoficiales, además de los ex gobernadores tamaulipecos, la lista de la PGR para monitorear los viajes de los ex gobernadores también estaría integrada, entre otros, por familiares de los ex mandatarios locales y funcionarios que laboraban en sus administraciones.

Amplían la temporada de caza de venado cola blanca  

Nuevo Laredo, Tamps.- (Notimex) El gobierno del estado amplió la temporada de cacería de venado cola blanca, del 30 del presente mes al 26 de febrero, señaló el presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados (Angadi), Gabriel Serna Aguilar. Indicó que para el caso del turismo cinegético extranjero exclusivamente, deberá tra-mitar un nuevo permiso temporal de arma ante la guarnición de la plaza. Agregó que a diferencia del extranjero, el turista cinegético mexicano no deberá renovar su permiso de portación de arma para cazar. “Debe quedar claro que esta ampliación de temporada no se trata de matar más venados, sino de agotar la dote concedida en esta temporada, la autorizada legalmente, toda vez que no llegó la cantidad de cazadores que se esperaba”, expresó. El presidente de la Angadi señaló que en los últimos cuatro años la temporada de cacería de venado cola blanca ha decaído drásticamente, con una visita de unos dos mil cazadores, aproximadamente, mientras que en años anteriores se tuvieron hasta los cinco mil visitantes. Serna Aguilar refirió que en esta temporada la derrama económica que dejó la cacería del venado cola blanca texano fue de 10 millones de dólares.

Piden alcaldes del sur de Texas reforzar la seguridad en cruce fronterizo

Reynosa, Tamps.- (Notimex) La coalición fronteriza de Texas (TBC, por sus siglas en inglés) demanda al gobierno federal estadunidense la aplicación adicional de seis millones de dólares y el incremento de agentes federales, a fin de reforzar la vigilancia y seguridad en los cruces fronterizos con Tamaulipas y Coahuila. El edil de McAllen y miembro activo de la TBC, Richard Cortez, señaló que la intención es evitar que los índices delictivos y de inseguridad que se viven en algunas ciudades fronterizas de México, puedan afectar la actividad comercial, económica y social de las ciudades ubicadas al sur de Texas. Expuso que la coalición fronteriza de Texas está conformada por ocho alcaldes de ciudades fronterizas con Tamaulipas, entre ellas Edinburg, el Paso, Hidalgo, La Joya, Mission, Río Grande, McAllen y Weslaco. Así como por dos jueces de los condados de Zapata y Willicy entre otros representantes de la comunidad texana, quienes están demandando al presidente Barack Obama mayores recursos económicos, equipo y tecnología. Richard Cortez dijo que recientemente los integrantes de la TBC le enviaron una misiva al presidente norteamericano, con la intención de que destine seis millones de dólares más al presupuesto que se destina a la zona fronteriza. Señaló que la intención es reforzar los programas de prevención y estrategias que permitan garantizar la seguridad de la zona fronteriza, además de evitar que miembros de grupos delictivos mexicanos continúen comercializando droga, armas y dinero entre ambos países. Dijo que además están demandando el envío de al menos unos seis mil agentes federales más para que se integren a la vigilancia de la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. “La idea es reforzar el cuidado de nuestra gente y evitar que grupos delictivos continúen operando en ambos lados de la frontera, no pretendemos afectar el comercio legal, el turismo ni las visitas de personas de otras entidades o países, solo queremos evitar la invasión de personas con actividades ilícitas” dijo. Destacó que en las ciudades fronterizas de esta jurisdicción han sido detenidas más de 90 por ciento de las personas que intenta ingresar de manera ilegal a territorio estadunidense, pero reconoció que el porcentaje de detenidos por delitos como el narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de armamento es mínimo. “Tenemos un estudio que demuestra que la tasa de aprehensiones de personas indocumentadas, que pretendieron ingresar a Estados Unidos de manera ilegal, es del 90 por ciento”.