México, (Notimex).-

A pocas horas de la probable entrada en vigor de la ley SB 1070 en Arizona, aumenta la preocupación generalizada por las consecuencias que podría acarrear esa legislación.
Académicos, autoridades, defensores de derechos humanos y los propios migrantes coinciden en que los mexicanos están en grave riesgo; términos como xenofobia, intolerancia, discriminación, pánico, clasismo, irracionalidad y hasta cinismo aparecen en casi todas las opiniones.
Si bien la ley firmada en abril por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, contemplaba un plazo de 90 días para la entrada en vigor de la legislación, que se cumplirá el 29 de julio, aún no se resuelve una controversia en la Suprema Corte de Estados Unidos.
La nueva legislación permitiría a cualquier autoridad local en Arizona, aún sin ser policía, solicitar documentos a toda persona en la calle con “aspecto físico” de mexicano o latino que, de antemano, se sospecha se encuentra ahí sin documentos legales.
De comprobarse el estatus migratorio irregular, se procedería sin miramiento a la deportación o, en algunos casos, al encarcelamiento, lo que muchos han considerado explotación a quienes, como los migrantes, se encuentran en condiciones de inferioridad.
“Es algo que no se puede aceptar bajo ninguna circunstancia, porque denigra al ser humano en conjunto, no sólo a la víctima del maltrato”, señala el secretario general de la Unión Latina, José Luis Dicenta Ballester.
Mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene vigente su alerta de viaje para no ir a Arizona, ningún funcionario de esa dependencia quiere abordar el tema en entrevista.
La canciller Patricia Espinosa Cantellano presentó en junio una protesta por la ley y anunció que México actuaría como “amigo de la corte” en las demandas interpuestas ante tribunales por organizaciones no gubernamentales contra dicha legislación.
A dicha demanda se sumaron después siete países de América Latina, en un hecho que han aplaudido académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales.
Para Mireille Roccatti, ex presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y actual académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus estado de México, la llamada “ley Arizona” es la expresión de la xenofobia, la discriminación racial y el clima antiinmigrante.
Como doctora en Derecho subraya que se trata de una ley anticonstitucional, porque los estados de una federación no pueden legislar en materia migratoria.
Con este criterio coincide el representante de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en México, Magdy Martínez Solimán, quien advierte que de iniciar la aplicación de dicha ley, Estados Unidos violaría los pactos internacionales que ha firmado.
La encrucijada que se plantea es: si la Unión Americana mantiene un liderazgo de solidaridad y convivencia pacífica con los migrantes, o bien acepta y propicia la “política del búnker” y coloca una barda en la frontera o la llena de púas.
“Los migrantes tienen pánico”, asevera sin titubeos José Luis Gutiérrez, director asociado de la Asociación Nacional de Organizaciones Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC, por sus siglas en inglés), que defiende a los migrantes en Estados Unidos.
El activista relata que hay un clima de persecución que ha propiciado actitudes racistas y xenofóbicas que va creciendo y abre la puerta a gente intolerante, hasta ahora reservada sobre su actitud antiinmigrante, por considerarla “políticamente incorrecta”.
El caldo de cultivo existe y otros 18 estados de la Unión Americana ya analizan la posibilidad de emprender leyes de la misma naturaleza.
El doctor Mario Camberos Castro, de la Universidad Autónoma de Baja California, ofreció una videoconferencia a través del Centro de Investigaciones en Estudios Superiores en Antropología Social en la ciudad de México.
En ella advirtió que tanto en la entidad impulsora de la ley SB 1070 como en otros estados hay grupos antiinmigrantes que analizan los costos del “experimento en Arizona, para después promover leyes similares en sus localidades”.
Hasta ahora el boicot comercial convocado contra Arizona ha afectado 40 por ciento de las actividades comerciales en Yuma y Nogales, Arizona, así como en Nogales, Sonora, y amenaza con generar el desempleo para 30 mil personas.
En la videoconferencia, el director del Colegio de la Frontera Norte, Tonatiuh Guillén López, señaló que “lo que más preocupa es que esa actitud antiinmigrante se convierta en una práctica institucional, jurídica, que emane del Congreso de Arizona”. Y de paso, que pueda emanar también de otros congresos locales en Estados Unidos.
Más a largo plazo, el riesgo es la desintegración social, advierte a su vez la maestra Celia González Hernández, directora de la carrera de Relaciones Internacionales en el ITESM, campus estado de México.
A la grave discriminación y violación de los derechos humanos que encierra la ley, debemos agregar consecuencias de largo plazo, entre ellos familias desintegradas, patrimonios perdidos, retorno de mexicanos a sus lugares de origen sin capital económico alguno y ausencia de tejido económico para albergarlos.